Trump cancela fondos para inmigrantes destinados a programas técnicos

El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció este jueves la cancelación de una norma implementada durante el gobierno de Bill Clinton (1992-2001). Esta disposición permitía que migrantes indocumentados accedieran a fondos públicos destinados a programas de educación técnica y profesional.

Según la administración Trump, la norma estaba vigente desde 1997 y violaba la Ley de Responsabilidad y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo, al permitir el uso inadecuado de recursos federales para financiar programas educativos dirigidos a personas en situación migratoria irregular.

Linda McMahon, secretaria de Educación de Estados Unidos, afirmó en un comunicado: “Los programas de educación postsecundaria financiados por el gobierno federal deben beneficiar a los ciudadanos estadounidenses, no a los migrantes ilegales.”

Agregó además: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, los trabajadores estadounidenses que pagan impuestos ya no financiarán la participación de migrantes ilegales en nuestros programas o actividades de educación técnica, profesional o para adultos.”

La anulación de esta norma por parte del Departamento de Educación representa un golpe significativo para miles de inmigrantes indocumentados que buscan mejorar sus habilidades y oportunidades laborales mediante la educación técnica y profesional. Para muchos, estos programas eran la única vía para acceder a capacitación especializada, encontrar empleos mejor remunerados y contribuir activamente a la economía.

Más allá del impacto inmediato en los programas educativos, esta acción refuerza la postura inflexible de la administración Trump en materia migratoria. Al presentar la medida como una forma de proteger los intereses de los contribuyentes estadounidenses y evitar el “uso inadecuado de recursos federales”, el gobierno busca sostener su narrativa de “Estados Unidos primero”.

Sin embargo, críticos advierten que esta política podría tener consecuencias económicas negativas a largo plazo, al crear una subclase de trabajadores con menos calificaciones y oportunidades, lo que aumentaría la dependencia de servicios sociales y reduciría la base impositiva futura.

La decisión también reaviva el debate político sobre el papel del gobierno en la provisión de oportunidades para todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, y plantea interrogantes sobre la visión a futuro de la fuerza laboral y la sociedad estadounidense.