FF. AA. decomisa cinco mil pies tablares de madera en Santa Bárbara

En una operación conjunta contra el crimen ambiental, las Fuerzas Armadas, a través del Tercer Batallón de Protección Ambiental, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y otras entidades como la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA), efectuaron un importante decomiso de madera aserrada en la aldea El Triunfo, municipio de Protección, Santa Bárbara, el pasado 9 de octubre de 2025.

El operativo se llevó a cabo debido a la sospecha de aprovechamiento, transformación y comercialización ilegal de productos forestales. La acción interinstitucional contó con un total de 30 efectivos de diferentes cuerpos de seguridad y organismos del Estado.

Durante la inspección, las autoridades localizaron un sitio destinado para el almacenamiento y secado de la madera, así como una secadora solar tipo invernadero, construida con polietileno de alta densidad.

Aunque no se encontró al responsable en el lugar al momento del allanamiento, se procedió al decomiso por orden del fiscal de turno.

El total de madera incautada asciende a cuatro mil novecientos setenta y seis (4,976) pies tablares de cuatro especies diferentes.

El detalle del decomiso revela la gravedad de la actividad ilegal, ya que se incautaron 1,360 pies tablares de caoba, una especie que se encuentra en veda total según el acuerdo emitido por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) No. 029-2024.

Además, se decomisaron 2,353 pies tablares de laurel, 680 pies tablares de cedro y 583 pies tablares de zapotillo. La madera incautada fue trasladada a las instalaciones del Tercer Batallón de Protección Ambiental, donde permanecerá en calidad de depósito provisional a solicitud del Ministerio Público.

Este golpe a la tala ilegal marca el inicio de un proceso legal robusto. El ICF, a través de su Departamento de Manejo Forestal, se encargará de elaborar el dictamen técnico legal sobre los hallazgos.

Paralelamente, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la Dirección Policial de Investigación (DPI) continuarán con el proceso de investigación y judicialización correspondiente para determinar las responsabilidades por este delito ambiental.