Invasión ilegal afecta la cuenca del río Naco en Cortés

En cumplimiento de la resolución presidencial Cero Deforestación al 2029, el Tercer Batallón de Protección Ambiental de las Fuerzas Armadas ejecutó operaciones de control y verificación en la cuenca del río Naco, departamento de Cortés.

Esta zona es de vital importancia ecológica e hídrica, no solo para el Valle de Naco, sino también para diversas comunidades del departamento de Santa Bárbara que dependen directamente de este recurso. La intervención militar responde a la estrategia permanente de las Fuerzas Armadas para la conservación y defensa de los recursos naturales del país.

Durante la inspección de campo realizada en el sector de Los Chahuites, en coordinación con el Cuarto Grupo Regional Logístico, las autoridades constataron una serie de afectaciones graves derivadas de una denuncia por deforestación.

En el reconocimiento se identificaron asentamientos humanos improvisados con materiales como madera, plywood y láminas de zinc, así como la delimitación de predios mediante cercas de alambre de púas. Estas acciones evidencian una presunta invasión de tierras que ha alterado la topografía y el uso del suelo en áreas protegidas.

El hallazgo más preocupante fue la socola de varias hectáreas de bosque, realizada con el fin de cambiar el uso del suelo para actividades agrícolas de subsistencia, específicamente cultivos de maíz, frijol y cardamomo.

Al entrevistar a las familias residentes, originarias de Santa Lucía, Naco, estas manifestaron haber ocupado los terrenos bajo el argumento de que carecían de propietarios absolutos. No obstante, el presidente de la Junta de Agua local confirmó que ya existe una denuncia ante el Juzgado de Policía de Quimistán, señalando que estos asentamientos amenazan directamente la fuente principal de abastecimiento de agua para la población.

Tras la documentación de los daños, se procedió a elaborar un informe técnico detallado que será remitido al Instituto de Conservación Forestal (ICF) de Santa Bárbara para el dictamen correspondiente.

Posteriormente, el caso será trasladado a la Fiscalía del Medio Ambiente y a la Procuraduría General de la República (PGR) para iniciar los procesos legales pertinentes.

Con estas acciones, la institución armada reafirma su misión de frenar el impacto ambiental y proteger las cuencas hidrográficas contra la ocupación ilegal y la explotación irracional del bosque.