Entra en vigor histórico tratado de la ONU para proteger la biodiversidad en alta mar

Tras casi dos décadas de intensas negociaciones, este sábado entra en vigor el Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, un tratado de la Organización de las Naciones Unidas jurídicamente vinculante, diseñado para proteger la vida marina en aguas internacionales.

Este instrumento legal regula la alta mar y el lecho marino internacional, regiones que cubren más de dos tercios de la superficie oceánica y representan cerca del 90 % del hábitat habitable del planeta, espacios que hasta ahora carecían de una gobernanza integral y sostenible.

El acuerdo busca transformar la gestión de los océanos para enfrentar la denominada triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el tratado establece que las actividades en aguas internacionales estarán sujetas a un control más estricto, haciendo responsables a los Estados de sus acciones, especialmente en casos de contaminación. Asimismo, destaca por su enfoque inclusivo al promover la participación de comunidades indígenas y la igualdad de género en la gobernanza oceánica.

A partir de este sábado, el tratado es de cumplimiento obligatorio para más de 80 países que ya lo han ratificado, entre ellos China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. Su entrada en vigor se produce exactamente 120 días después de alcanzarse el umbral mínimo de 60 ratificaciones requeridas.

No obstante, el impacto global del acuerdo aún enfrenta desafíos, ya que economías clave como Estados Unidos, India y el Reino Unido mantienen pendiente su ratificación legislativa, mientras que Rusia se ha mantenido al margen para preservar marcos de navegación preexistentes.

Pese a estas ausencias iniciales, la comunidad internacional mantiene una postura optimista y deja abierta la posibilidad de que más naciones se adhieran en el corto plazo.

La eficacia del tratado dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad para sancionar a quienes incumplan las normas de preservación. En este contexto, se ha programado la primera reunión oficial de seguimiento, la cual deberá celebrarse a más tardar un año después de esta histórica entrada en vigor.